Ante la crisis financiera estatal, la administración del gobernador Luis Fortuño ha propuesto recortes presupuestarios de hasta un 88% a las instituciones culturales del país  en un asunto que parecería importarle sólo a los artistas y a los afectados directos –empleados y alguno que otro directivo.  Si bien es cierto que el país atraviesa por una complicada situación fiscal, no es menos cierto que los recortes propuestos lo que demuestran es que en Puerto Rico no existe una política de desarrollo cultural como un medio para mejorar las interacciones sociales.  Por tanto, a falta de dinero, el gobierno recurre a lo único que permite el desarrollo pleno de la democracia: la cultura.

Los recortes son desmesurados. Entre las organizaciones más afectadas se encuentran el Instituto de Cultura (-65%), la Escuela de Artes Plásticas (-71%), el Conservatorio de Música (-75%), la Corporación de Artes Musicales (-88%), el Centro de Bellas Artes (-66%), la Oficina Estatal de Conservación Histórica (-55%), la Corporación de Cine (-65%), la Corporación de Difusión Pública (-67%) y el Consejo de Educación Superior (-67%), entre otras, sin contar las cientos de ONGs que desarrollan proyectos culturales cuyos ingresos se verán maltrechamente afectados por estas disminuciones.

Lo más irónico es que, excepto por Marimar Benítez,  directora de la Escuela de Artes Plásticas quien aseguró que el recorte presupuestario significaría el despido de siete empleados, los demás directores aseguraron en audiencias públicas que podrían funcionar con menos dinero y que no habría cesantías.
Lo que parecen olvidar los burócratas del momento es que el dinero de sus agencias no es sólo para pagar renta, utilidades, salarios y beneficios, sino para desarrollar y emprender programas de impulso cultural significativos y duraderos.  Y, nuevamente, son los artistas los que llaman la atención sobre esta dimensión de la crisis, pero lamentablemente sólo se queda entre artistas.

Ese dilema aún no ha logrado calar en la opinión pública como debería, con una discusión abierta sobre el beneficio de la cultura para el desarrollo social, la necesidad de inversión cultural –pública y privada- para fortalecer la democracia, el potencial que tiene una política cultural coherente para el beneficio económico y turístico del país y el derecho que tenemos de disfrutar plenamente de nuestra cultura en todas sus manifestaciones.

No existe un país sin cultura.  No existe.  Aun los pueblos más primitivos, asentados en junglas remotas de África o del Amazonas, sin electricidad, agua potable o Internet, se conocen a sí mismos por sus ritos, música, bailes, adornos, dialectos e historias.  Su vida es regida por la coherencia que les da el reconocimiento como sujetos dentro de su entorno.

En Puerto Rico vemos cómo se intenta desmantelar esa simbología, asfixiando las entidades que, esperaríamos, fomenten planes concretos y alcanzables para cimentar una sociedad democrática y desarrollada.  Mientras los dirigentes de las instituciones culturales gubernamentales guardan silencio, los empleados se preocupan solamente por sus salarios, sin entender que la eliminación de fondos destinados a la cultura afecta a toda la ciudadanía y que trasciende la consigna de “lucha sí, entrega no”.

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